Ante la emergencia sanitaria mundial desatada a consecuencia del coronavirus (COVID-19), el Gobierno Nacional en Argentina dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un apoyo económico excepcional mediante un bono de 10.000 pesos para trabajadores autónomos e informales a fin de paliar las consecuencias económicas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

De acuerdo a la información recabada en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), las personas que pueden acceder a este beneficio son los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B. Un gran porcentaje de ellos son migrantes.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de dos tercios de la población ocupada migrante en Argentina desarrolla sus actividades laborales por fuera de la normativa, esto quiere decir que su trabajo es no registrado, lo que da cuenta de la vulnerabilidad socioeconómica de este colectivo de trabajadorxs. En este contexto, personas de diferentes comunidades migrantes se comunicaron con la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) para pedir ayuda ante la denegación del bono extraordinario a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto N° 310/20 emitido por el Gobierno Nacional.

Producto de ello, AMUMRA realizó un relevamiento de cada uno de los casos para conocer la situación en la que varias compañeras y compañeros migrantes se encuentran ante la pandemia. El trabajo se llevó a cabo por conversaciones telefónicas con cada unx, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. Con la información recabada se elaboraron fichas con las que se comprueba la situación de vulnerabilidad, precariedad y desesperación que atraviesa la comunidad migrante ante la falta de un ingreso económico para poder vivir. Se logró conocer la situación en la que se encuentran 62 personas que viven en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires.

Del total, 54 son mujeres de diez nacionalidades diferentes: Perú (12), Paraguay (10), Colombia (9), Bolivia (7), Venezuela (3), Ecuador (2), Brasil (2), Uruguay (1), Salvador (1) e incluso argentinas migrantes internas (7). Y ocho son hombres de las siguientes nacionalidades: Paraguay (2), Senegal (1), Bolivia (1), Colombia (1), Perú (1), Estados Unidos (1)Argentina (1).

Las personas entrevistadas forman parte de la población económicamente activa (15-64 años), ya que van desde los 23 hasta los 69 años, siendo la edad promedio de 44 años. Sin embargo, no son registradas, forman parte del mercado informal, y, en menor medida, tienen un emprendimiento pequeño que quedó paralizado a consecuencia del COVID-19. En este punto es importante aclarar que el 63 por ciento de las mujeres (34 mujeres) se desempeñan como Trabajadoras de Casas Particulares (TCP); el 15 por ciento es feriante (8 mujeres); el 6 por ciento es emprendedora (3 mujeres); el 4 por ciento es costurera (2 mujeres); y el restante 12 por ciento (6 mujeres) tiene otros oficios, pero no se están trabajando por la pandemia. En el caso de los varones el 50 por ciento es comerciante y la otra mitad se dedica a las changas o tiene oficios como la panadería, taxista y bailarín.